Sebastián Riquelme Muñoz
Coronel (R) del Ejército · Oficial de Estado Mayor · Asesor en Planificación Estratégica, Operaciones y Seguridad
La seguridad volvió a instalarse como una de las principales prioridades del país. El propio Gobierno la ha situado en el centro de su agenda y hoy el desafío ya no consiste solo en reconocer su importancia, sino en avanzar hacia una mirada capaz de integrar prevención, planificación, coordinación y responsabilidades compartidas.
En ese escenario, la seguridad privada adquiere un rol cada vez más relevante. La Ley N.º 21.659 dio un paso importante al definir formalmente su función como preventiva, coadyuvante y complementaria de la seguridad pública. No se trata de reemplazar las atribuciones del Estado ni de las policías, sino de contribuir al objetivo común de proteger a las personas, las organizaciones y la infraestructura crítica mediante estrategias robustas y altos estándares de profesionalización, capacitación y coordinación.
Este cambio cobra especial importancia en regiones como Biobío, donde buena parte de la actividad económica se desarrolla en sectores forestal, industrial, logístico, portuario y energético. En estos entornos, la seguridad no solo protege instalaciones o bienes materiales; también resguarda la continuidad operacional, la estabilidad de las empresas, la seguridad de sus trabajadores y, en muchos casos, el normal funcionamiento de servicios esenciales para el país.
Durante años, las empresas abordaron la seguridad principalmente desde la protección de sus personas, instalaciones y bienes. Hoy, sin perder esa función esencial, las amenazas actuales exigen una visión mucho más amplia. La seguridad comienza bastante antes: identificando riesgos, analizando vulnerabilidades, planificando escenarios, estableciendo protocolos y preparando a las personas para responder de manera oportuna frente a situaciones complejas.
La nueva legislación entrega una oportunidad concreta para avanzar en esa dirección. Pero su verdadero impacto dependerá de cómo empresas, organismos públicos y sector privado sean capaces de trabajar coordinadamente, compartir información cuando corresponda y fortalecer una cultura preventiva que permita anticiparse antes que reaccionar.
Hoy, más que nunca, la seguridad debe entenderse como un componente estratégico para el desarrollo del país. Una seguridad privada profesional, regulada y comprometida con el interés público no solo protege instalaciones o procesos productivos; también aporta a generar entornos más seguros para las personas, fortalece la confianza y contribuye al crecimiento económico en un escenario donde la certeza y la continuidad operacional son activos cada vez más valiosos.
El desafío es comprender que la seguridad no depende exclusivamente del Estado ni exclusivamente del sector privado. Depende de la capacidad de ambos para actuar de manera coordinada, cada uno desde sus competencias. Consolidar esa colaboración y avanzar hacia una mirada cada vez más estratégica y preventiva será uno de los desafíos relevantes para Chile durante los próximos años.
