El presidente de la Federación Regional de Pescadores Artesanales del Biobío (Ferepa Biobío), Cristian Arancibia Chandia, llamó a las autoridades de gobierno a adoptar las medidas necesarias para reactivar la aplicación de la Ley de Caletas, cuya implementación permanece paralizada por «supuestos problemas administrativos».
La situación mantiene en suspenso una transformación histórica para las comunidades pesqueras artesanales contemplada en la Ley N° 21.027, normativa que busca otorgar mayor autonomía y herramientas de desarrollo a los espacios donde hombres y mujeres de mar desarrollan su actividad productiva y familiar.
«Han transcurrido tres años de trabajo y, hasta ahora, ninguna caleta de la Región del Biobío ha podido acceder a los beneficios que contempla esta ley, pese a las expectativas que generó entre quienes viven de la pesca artesanal y contribuyen diariamente a la seguridad alimentaria del país», señaló Arancibia.
El dirigente recordó que Ferepa Biobío trabajó junto a la Universidad de Concepción en el desarrollo de proyectos para diez caletas de la región. El proceso contempló cinco jornadas de trabajo participativo en cada una de ellas, permitiendo que pescadores y pescadoras definieran directamente sus necesidades, ideas y aspiraciones para el futuro de sus espacios productivos.
Como resultado, se elaboraron y entregaron al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) diez carpetas con toda la documentación exigida por la normativa. Sin embargo, a casi dos años de su presentación, los proyectos continúan sin avances concretos.
Sin embargo, desde el 5 de junio de 2024, fecha en que se entregó oficialmente toda la documentación, no se han registrado avances visibles en el proceso.
«¿Qué respuesta podemos entregar hoy a los pescadores que participaron de este proceso y depositaron sus esperanzas en esta ley?», cuestionó el presidente de Ferepa Biobío.
De acuerdo con la reglamentación vigente, corresponde a Sernapesca revisar los antecedentes y posteriormente remitirlos a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Bienes Nacionales para su evaluación. Una vez obtenidas las aprobaciones respectivas, debe suscribirse un convenio de uso entre Sernapesca y la organización sindical correspondiente, otorgando la administración del espacio por un período de 30 años.
En junio de 2024, con ocasión de la entrega oficial de la documentación requerida, la directora regional de Sernapesca, Ana María Fernández, calificó el hito como «muy importante para la Región del Biobío», afirmando que la recepción de los antecedentes constituía un paso fundamental para avanzar hacia la legitimación y titularidad de los terrenos utilizados por los pescadores artesanales.
Asimismo, aseguró que los equipos técnicos del servicio estaban preparados para iniciar la revisión de los expedientes y remitirlos posteriormente a las instituciones competentes, destacando además la voluntad de acompañar a las organizaciones en el proceso de implementación de la ley.
Sin embargo, a dos años de aquellas declaraciones y con toda la documentación presentada, las comunidades pesqueras del Biobío siguen esperando respuestas.
