La excesiva tramitación genera incertidumbre, alejando inversiones y dañando la competitividad económica regional necesaria para el desarrollo sostenible del país.
Este miércoles, en la sede fundacional de la Universidad San Sebastián (USS), fue socializada la tercera edición del Índice de Costo Económico por Permisología (ICEP) para la Región del Biobío.
El estudio, presentado por el decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno, Alejandro Weber Pérez, revela un panorama desafiante: el exceso de burocracia estatal no solo retrasa la inversión, sino que impacta directamente en el empleo y el dinamismo regional.
Según las cifras del informe, durante 2025, el 77% de los proyectos en la región —ocho de cada diez— estuvieron atrasados en su tramitación ante el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El tiempo promedio de espera alcanzó un récord de 492 días, una cifra que preocupa a las autoridades y gremios. El costo económico de este retraso se estima en aproximadamente US $170 millones para la región durante el pasado año.
La necesidad de datos para la gestión
Alejandro Weber ha liderado esta investigación y explicó el origen y la relevancia de este índice. “Éste es un índice que creamos hace tres años atrás, partiendo por un diagnóstico que se conversaba entre pasillos, pero que no había mucha data respecto del retraso en el sistema de evaluación ambiental. Y por eso fue el primer índice que le puso números a cuánto era el costo de la burocracia excesiva del Estado”, señaló.
El decano enfatizó que el problema no radica exclusivamente en el tiempo de tramitación, sino “en la incertidumbre, tiene que ver con la incerteza, con el cambio de las reglas del juego, con variaciones en criterios de gestión entre regiones”.
Claudio Concha Navalón, vicerrector de la sede Concepción de la USS, subrayó la importancia de mantener esta discusión vigente en la región. “Vemos que esta reunión se extendió porque se fueron complejizando las temáticas que se abordan y que la permisología es la llave que activa los distintos mercados y economías regionales que permiten el desarrollo”, afirmó.
Voces del sector privado y público
El diagnóstico fue ampliamente compartido por los asistentes, entre quienes Alejandro Casagrande Ulloa, presidente de la Corporación Nacional de la Madera (Corma) para Biobío y Ñuble, valoró el encuentro: “Ese doble clic de analizar estos datos en detalle para nuestra región”, comentó, “y poder sentarnos, la academia, el gobierno central representado por los seremis, el sector privado y poder discutir de aquellas cosas que no están dejando que las ventajas comparativas de sectores como forestal, de la pesca y el turismo, vuelvan a crecer y vuelvan a invertir acá en la región. Nosotros somos muy partidarios de ese diagnóstico”.
Desde la perspectiva gubernamental, el secretario regional ministerial de Obras Públicas, José Piña Faúndez, destacó el rol de la academia en la construcción de políticas públicas. “El informe que nos presentaron el día de hoy, aparte de analizar el costo de la permisología en Chile, también nos dio datos relevantes sobre empleabilidad, desarrollo económico y proyecciones de desarrollo. Creo que es sumamente importante mantener esta vinculación entre la academia y el mundo público y el mundo privado, debido a que esto nos permite tener un mejor análisis, tener un mejor diagnóstico y de esa forma generar mejores políticas públicas», precisó.
Impacto en empleo y futuro regional
El ICEP no sólo arroja cifras macroeconómicas, sino que aterriza el impacto en la calidad de vida de los habitantes. Según el informe, si se agilizara la aprobación de los proyectos actualmente retrasados —los cuales suman una inversión de US$ 518 millones—, se podrían generar más de 1.000 empleos solo en la fase de construcción. Esto permitiría reducir la tasa de desempleo regional en 0,1 puntos porcentuales.
Sobre esta urgencia laboral, Alejandro Weber propuso mirar hacia experiencias internacionales exitosas, como Nueva Zelanda o Australia. “Esa alianza público-privada, pero no solamente de conversar, sino de ponerse a trabajar, es un buen proyecto de desarrollo”, comentó.
Para la Región del Biobío, el año 2025 mostró cifras ambivalentes: si bien la inversión aprobada totalizó US $1.766 millones, esta cifra estuvo concentrada en pocos proyectos de gran escala, como el Parque Eólico Junquillos. El desafío para el 2026, según el análisis del decano, es pasar a proyectos de menor envergadura pero mayor intensidad en mano de obra, lo que podría dar un respiro a un mercado laboral que en la región presenta cifras de desempleo (9,8%) superiores al promedio nacional.
El consenso entre académicos, autoridades y empresarios es claro: recuperar la competitividad regional requiere un esfuerzo conjunto. Como planteó el decano Weber, se necesita generar un “shock positivo de expectativas y confianza” para volver a crecer, crear empleos y aumentar los ingresos de las familias en la región.
