Alfonso Kaiser, académico de la UDD e integrante de centro de investigacion de la FACh resumió el desafío que enfrenta nuestro país en esta materia a raíz del proyecto de cable submarino que unirá los puertos de Valparaíso y Hong-Kong.
Diversos son los análisis que se han realizado de las repercusiones que ya está teniendo para nuestro país en diversos ámbitos el proyecto Chile China Express impulsado por las tres empresas de telecomunicaciones más importantes del país asiático y que ha contado con el apoyo de la administración Boric.
Al respecto, Trade-News conversó con Alfonso Kaiser Mendía, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, investigador del Centro de Estudios Estratégicos y Aeroespaciales (CEEA) de la Fuerza Aérea de Chile, ingeniero naval, MBA de la Pontificia U. Católica de Chile y magíster en Ciencias Navales y Marítimas, con alrededor de treinta años de experiencia internacional liderando programas y proyectos estratégicos en sectores clave como defensa, energía y telecomunicaciones.
El experto enfatizó la urgencia de una política nacional de datos en Chile para proteger la información ciudadana y la soberanía digital, criticó la falta de respeto a la legislación local y la vulnerabilidad ante ciberataques y el espionaje de países como China, especialmente con nuevas conexiones de datos, y subrayó la necesidad de un enfoque más inteligente en las relaciones exteriores para evitar represalias y proteger los intereses nacionales.
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En este tema, la política exterior de los países se cruza con la actividad comercial e intereses de particulares (Google y China Mobile, en este caso) ¿Cómo debe ordenarse estas relaciones en el marco de la diplomacia que deben ejercer los países?
En el ámbito de la política exterior y en relación con la infraestructura de datos, la prioridad ineludible es establecer una Política Nacional de Datos integral. Solo una vez definida esta, podremos determinar cómo proteger la información, a quién se le puede confiar y a quién no. Resulta inaceptable entregar datos sensibles a organizaciones o países cuya legislación interna no garantice un respeto cabal por dicha información, exponiéndonos al riesgo de copia, falsificación o, incluso, a su entrega al crimen organizado.
La discusión central no radica en si el actor es público o privado —quien construye la infraestructura (la «carretera») es secundario—, sino en el «ADN» de la custodia y protección de los datos. Este marco definitorio, esencial para el manejo de la información, lamentablemente aún no existe a nivel nacional. Si bien contamos con una ley, su cumplimiento y respeto a nivel local es deficiente, lo que genera una profunda desconfianza en terceros que podrían compartir datos con nuestro país. ¿Qué garantía ofrecemos como nación de que respetaremos la información sensible si, además, facilitamos su flujo irrestricto hacia un país que carece de un historial de respeto por la propiedad intelectual o los datos?II. Soberanía Territorial vs. Custodia de Datos
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¿Qué ocurre con la autonomía de los países? En ese sentido, el retiro de visas a funcionarios chilenos por parte de Estados Unidos ¿se podría afirmar que es una injerencia indebida en la política interna de otro estado?
La autonomía de los países es un concepto fundamental, pero los datos introducen una complejidad: la información no pertenece necesariamente al país que la posee físicamente. Programas como el de exención de visa (Visa Waiver) ilustran que los datos de ciudadanos son compartidos entre naciones (como Chile y Estados Unidos) para abordar temas de migración, crimen o información biométrica. Este intercambio exige un compromiso mutuo de custodia y limita la autonomía nacional por los tratados que obligan a proteger los datos.
Ante vulnerabilidades latentes, se vuelve crucial analizar con extrema cautela la construcción de infraestructura que pueda conectar directamente a un país con riesgos de absorción de datos o de perjuicio a terceros a través de nuestra plataforma. Esto requiere una política de Estado previa. Si bien la soberanía está tradicionalmente ligada al territorio, la soberanía digital sobre el dato de un ciudadano chileno es igualmente vital. La falta de control en el manejo de datos personales en Chile —evidenciada en la proliferación de llamadas y comunicaciones no deseadas, que constituyen un delito— demuestra una inoperancia en la persecución de estas faltas. El paradigma de que «dentro de este territorio mando yo» debe romperse, pues los datos no son propiedad del Estado. ¿Permitiríamos que datos sensibles, como los de salud o el ADN, sean compartidos con aseguradoras para lucrar con futuras condiciones médicas? La respuesta es un rotundo no, lo que subraya la urgencia de una protección efectiva.
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¿Es real el riesgo que acusa EE.UU. en torno al acceso a millones de datos de los habitantes de nuestros países? En ese sentido, ¿Cómo se pondría en riesgo la seguridad regional?
La realidad de las acusaciones vertidas por Estados Unidos en materia de ciberseguridad es innegablemente pertinente: ¿qué organización en Chile se encarga de proteger, establecer políticas y ejercer la gobernanza de datos? Existe un vacío legal y operativo. Los graves ciberataques sufridos en el pasado —al Estado Mayor Conjunto, Banco de Chile, Banco del Estado y Fonasa— han quedado sin responsables ni consecuencias efectivas. Hoy, el riesgo de paralización de industrias vitales como la del cobre o los puertos es real e inminente. El sistema judicial actúa a posteriori, cuando el daño ya está hecho.
Se necesita una entidad coordinadora que evalúe y prevenga estos riesgos. ¿Quién realiza el estudio técnico dentro del Gobierno de Chile para determinar si una nueva infraestructura de conectividad representa un peligro mayor que otra? Nadie. La Policía de Investigaciones (PDI) y los ministerios del Interior o de Seguridad, enfocados en la delincuencia cotidiana y con deficiencias en ese frente, carecen de la preparación necesaria para realizar este análisis de riesgo técnico. Es fundamental evaluar las amenazas que podría representar una infraestructura no segura, evitando que Chile se convierta en una plataforma involuntaria para estafas o acciones delictivas cibernéticas internacionales.
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A partir de estos hechos ¿Qué podría esperarse de la forma en que se desarrollarán las relaciones entre ambas potencias en territorio latinoamericano, en el contexto del equilibrio de sus esferas de influencia?
Es de esperar que el próximo gobierno gestione la política exterior con mayor efectividad. La administración actual ha sido criticada por anteponer consideraciones ideológicas al bienestar nacional. El objetivo primordial de un gobierno debe ser asegurar la ventaja competitiva y la seguridad de Chile. Acciones recientes han predispuesto negativamente a una potencia mundial como Estados Unidos, lo que podría generar réplicas.
Es esencial que las relaciones exteriores maduren, adoptando un enfoque más serio e inteligente. La diplomacia debe priorizar la conversación directa (de Presidente a Presidente, por ejemplo) y privada para comunicar los puntos de vista del país, sin necesidad de vociferar a través de los medios. Esto evita exponer a Chile a represalias de líderes conocidos por su estilo confrontacional.
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¿Cuál es el verdadero desafío con que se enfrenta nuestro país en este escenario?
La iniciativa de tender un cable hacia China equivale a construir una autopista de ochenta carriles hacia un país que ha demostrado no reconocer la identidad de los datos, usándolos y manipulándolos a su antojo. El precedente del robo de comunicaciones, grabaciones y correos electrónicos a la Unión Africana durante años, sin su consentimiento, es una advertencia clara. Instalar una infraestructura de esta magnitud sin los debidos controles es un peligro latente, comparable a construir una carretera sin restricciones hacia un lugar donde el robo es la norma. Los datos tienen dueños y conllevan responsabilidad, no son de libre disposición.
Por otro lado, China es nuestro principal socio comercial y un polo de desarrollo de conocimiento. La necesidad de contar con un medio seguro para realizar negocios, para facilitar el flujo de productos y servicios en ambas direcciones, es innegable. La solución no es el aislamiento, sino la seguridad. No podemos exponer al país a un riesgo de esta magnitud sin una política de datos que hoy, debido a la ignorancia y la falta de visión en este tema, simplemente no existe.
