La Resolución Exenta N° 2.903 de la DGA marca un hito relevante en la estandarización de trámites y la agilización de procesos para la gestión de recursos hídricos en Chile. La normativa aporta mayor certeza jurídica, eficiencia operacional y predictibilidad regulatoria para las empresas y usuarios del sector.
Este miércoles 23 de septiembre el Diario Oficial publicó la Resolución Exenta N° 2.903 de la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas, que unifica los criterios generales aplicables para el ingreso de trámites, estableciendo y precisando los pasos a seguir, de conformidad con los principios consagrados en las leyes N° 19.880 y N° 21.770. En simple, esto permitirá agilizar los trámites y precisar los procesos administrativos.
Consultado el abogado José Ojeda, socio de Araya y Cía. Abogados, explica en cuatro puntos clave en qué cambiará la tramitación en la Dirección General de Aguas (DGA) tanto para empresas como para los usuarios.
El primero tiene que ver con la corrección de errores formales: Los errores meramente materiales o de transcripción que no afecten la identificación del solicitante ni el contenido de la solicitud no serán, por sí solos, motivo de inadmisibilidad o denegación.
En este caso, la DGA podrá corregirlos de oficio o solicitar su subsanación, dejando constancia de ello en la resolución correspondiente.
Asimismo, durante la etapa de admisibilidad, el Servicio revisará la concordancia de los antecedentes para detectar y corregir errores, por ejemplo, entre las coordenadas y la comuna o región, la denominación de la fuente de agua o la relación entre el caudal y el volumen solicitado. Cuando estos errores puedan ser subsanados y no impliquen un cambio de fuente, el titular podrá aclarar o complementar su solicitud, sin que proceda su denegación por ese solo motivo.
Ojeda precisó que antes de la entrada en vigencia de la mencionada resolución exenta, este tipo de errores daba lugar a la inadmisibilidad o denegación de la solicitud por parte de la DGA.
Áreas de protección
En segundo término, mencionó las exigencias fundadas en antecedentes técnicos en áreas de protección.
En este sentido, detalló que “para exigir la autorización de un tercero titular de derecho de aprovechamiento de aguas, ante una eventual afectación de su área de protección, la DGA deberá acreditar técnica y físicamente la existencia de una invasión indubitada, evitando que meras dudas o inconsistencias, den lugar a exigencias adicionales”.
Antes de la presente resolución, la DGA no debía acreditar estos antecedentes para llevar a cabo esta verificación, solicitando derechamente la autorización de terceros titulares de derechos de aprovechamiento de aguas.
Se elimina intermediación de la DGA
Un tercer aspecto clave es la Revisión del extracto de la solicitud. Esto es que, en caso que el solicitante acompañe el extracto al momento de presentar la solicitud, éste será revisado por el Servicio, para detectar errores u omisiones del mismo para otorgar la posibilidad de efectuar reparos antes de su publicación y radiodifusión. No se podrá denegar la solicitud por errores u omisiones de la publicación o radiodifusión del extracto, en caso de que su contenido se hubiere declarado previamente conforme por parte del Servicio.
Finalmente, Ojeda destaca el Pago directo del titular de la solicitud al CBR: “En los procedimientos que modifican o complementan derechos de aprovechamiento de aguas, la inscripción en el Registro de Propiedad de Aguas de la resolución firme y ejecutoriada, deberá ser pagada directamente por el solicitante al Conservador de Bienes Raíces, eliminando la intermediación que realizaba la DGA”. Eso sí, advierte que esta modificación no aplicará para las solicitudes de constitución de nuevos derechos y regularizaciones”, sostuvo.
De esta manera, la Resolución Exenta N° 2.903 de la DGA marca un hito relevante en la estandarización de trámites y la agilización de procesos para la gestión de recursos hídricos en Chile. La normativa aporta mayor certeza jurídica, eficiencia operacional y predictibilidad regulatoria para las empresas y usuarios del sector.
