Carlos Cortés Simon
Presidente Ejecutivo, Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN)
Año tras año, durante varios días de cada invierno, ciudades como Chillán y Chillán Viejo, Los Ángeles y buena parte del Gran Concepción amanecen bajo una capa de humo, mientras la autoridad decreta episodios críticos y preemergencias ambientales. Y como si fuera ya una canción repetida que hemos escuchado hasta el hartazgo, se repite la misma pregunta: si estas ciudades cuentan hace años con un Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA), ¿por qué el aire sigue igual de sucio?
La respuesta incómoda es que Chile actualmente tiene cerca de una veintena de planes de descontaminación vigentes en todo el país, y que, salvo el de la Región Metropolitana, prácticamente ninguno se cumple ni se fiscaliza con el rigor que la propia norma exige.
El diagnóstico técnico es conocido y está lejos de ser un misterio. Según la Ruta Energética 2026-2030 del Ministerio de Energía, el uso residencial de leña explica cerca del 85% de las emisiones de material particulado fino (MP2,5) a nivel nacional, la principal fuente de contaminación del aire en el centro-sur de Chile. Investigadores del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile estiman que la exposición a este contaminante causa más de 4.000 muertes prematuras al año en el país, más que los homicidios y los accidentes de tránsito juntos.
Este es, en definitiva, un problema de salud pública que golpea con más fuerza a las familias de menores ingresos, que son las que más dependen de la leña para calefaccionarse porque sigue siendo, con diferencia, la fuente de calor más barata.
Frente a este panorama, la discusión pública tiende a repetir siempre el mismo reflejo: proponer una norma nueva, un estándar más exigente, un plan actualizado. Es un reflejo comprensible, pero insuficiente. Antes, deberíamos preguntarnos con honestidad si estamos fiscalizando y haciendo cumplir las normas que ya existen.
La experiencia de los últimos años sugiere que no: recambio de calefactores que avanza a paso demasiado lento, fiscalización de la venta de leña húmeda que es prácticamente inexistente, y programas de aislación térmica que no logran la cobertura ni la velocidad que la urgencia exige. La propia gestión de episodios críticos en Ñuble y Biobío, vigente desde hace más de una década entre abril y septiembre, lo demuestra: con la misma norma, Concepción ha logrado avances concretos en sus niveles de MP2,5, mientras Los Ángeles avanza mucho más lento. La diferencia no está en el plan, sino en cuánto se lo hace cumplir.
A ello se suma que buena parte de las alternativas de calefacción disponibles hoy —entre ellas, el gas natural— tienen emisiones de material particulado muy inferiores a las de la leña, y sin embargo su acceso sigue siendo limitado en varias comunas. Facilitar ese acceso, en paralelo a fiscalizar lo que ya está en los planes, permitiría obtener resultados mucho más rápidos que abrir un nuevo proceso normativo que, en el mejor de los casos, tardará muchos años en traducirse en aire más limpio.
La pregunta que corresponde hacerse en agosto, mientras el frío todavía obligue a miles de hogares a calefaccionarse con leña, no es qué nueva norma dictar, sino por qué los planes de descontaminación que ya existen —con metas, plazos y presupuesto definidos— no se están cumpliendo. Mientras esa pregunta no tenga respuesta, seguiremos discutiendo instrumentos en el papel mientras el aire, en los hechos, no mejora.
