La reclamación cuestiona la evaluación ambiental de la línea de transmisión de 407 kilómetros entre Maule y Biobío y advierte efectos sobre bosques, fauna, recursos hídricos y actividades productivas. Comunidades también plantean que no se consideraron adecuadamente los impactos acumulativos con otros proyectos.
Las comunidades que se oponen al proyecto Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue-S/E Hualqui recurrieron al Segundo Tribunal Ambiental para solicitar la revisión de la decisión que mantuvo vigente su aprobación ambiental, luego de que el Comité de Ministros rechazara el recurso administrativo de invalidación presentado contra la iniciativa.
El proyecto, impulsado por el consorcio español CELEO Redes, a través de su filial Mataquito Transmisora de Energía, contempla una línea de transmisión de 407 kilómetros entre las regiones del Maule y Biobío, atravesando 20 comunas.
La nueva acción judicial cuestiona aspectos técnicos y de procedimiento de la evaluación ambiental, entre ellos la falta de fundamentación para revertir pronunciamientos desfavorables de organismos sectoriales, particularmente de Conaf. También sostiene que existen deficiencias en la caracterización de flora y vegetación, especies en categoría de conservación, ecosistemas críticos y bosque nativo en sectores cercanos al área de amortiguación e influencia del Parque Nacional Nonguén.
Ecosistemas y actividades productivas
Entre los impactos que las comunidades buscan que sean revisados se encuentran la pérdida y fragmentación de hábitats, los efectos acústicos de las líneas de transmisión y los riesgos de colisión y electrocución para aves migratorias, rapaces y especies amenazadas o endémicas.
La reclamación también plantea posibles efectos sobre recursos hídricos y suelos debido a la construcción de torres, caminos e instalaciones en sectores de ladera, con riesgos de erosión y arrastre de sedimentos, además de eventuales afectaciones a humedales, vegas y cursos de agua.
A nivel local, las comunidades cuestionan los efectos que la infraestructura podría generar sobre actividades agrícolas, apícolas, ganaderas y de subsistencia. También mencionan la división de terrenos, una eventual pérdida de valor predial, ruido, contaminación electromagnética y riesgos asociados a incendios forestales.
Para Marioles Quevedo, vecina de Maqueuto Sur, en Hualqui, el proyecto representa una amenaza para un territorio donde se desarrollan actividades agrícolas, apícolas y ganaderas.
“Defendiendo mi territorio, defendiendo mi naturaleza y los animales silvestres de Maqueuto Sur, donde quieren instalar doce hectáreas de torres produciendo un gran daño al ecosistema, un impacto ambiental”.
La dirigenta agrega que tanto su familia como sus vecinos rechazan la instalación de las torres debido al impacto que, a su juicio, tendría sobre el ecosistema y el entorno natural.
Consulta indígena e impactos acumulativos
Otro de los cuestionamientos apunta a la ausencia de una consulta indígena respecto de los efectos sobre territorios ancestrales, sitios de significación cultural y ceremonial, espacios de recolección de lawen y prácticas tradicionales.
También se cuestiona la participación ciudadana desarrollada durante la evaluación ambiental, que las organizaciones consideran insuficiente y que habría dejado fuera a organizaciones comunitarias e indígenas.
En paralelo, la reclamación plantea que los impactos del proyecto no deberían analizarse de manera aislada, debido a la presencia o proyección de otras iniciativas en el territorio.
Uno de los puntos mencionados es la Subestación Las Delicias, que según la acción judicial podría cumplir una función habilitante para otros proyectos energéticos, entre ellos el Parque Eólico Quirihue Poniente. Desde esta perspectiva, se solicita considerar conjuntamente efectos como ruido, tránsito pesado, sombra intermitente y transformación de sectores rurales actualmente destinados a actividades agrícolas y ganaderas.
Macarena Lagos, integrante de la agrupación Toconey No Se Toca, del Maule, sostiene que la defensa del territorio está vinculada con la permanencia de las comunidades en la zona.
“Aquí nacieron nuestros abuelos, aquí crecimos y aquí queremos que crezcan nuestros hijos. Es por eso que nos hacemos parte de este recurso”.
Lagos señala además que, durante la presentación del proyecto, representantes de la empresa habrían reconocido que la iniciativa no generaría beneficios para la localidad. A su juicio, esta situación refuerza la decisión de las comunidades de continuar con las acciones judiciales.
El abogado de la ONG Defensa Ambiental, Francisco Astorga, explicó que la presentación ante el Tribunal Ambiental constituye el siguiente paso luego del rechazo del recurso administrativo.
La nueva reclamación se suma a otros recursos derivados de las observaciones ciudadanas que ya se encuentran en tramitación ante el Segundo Tribunal Ambiental. Ambos procesos tienen fundamentos distintos, pero se espera que sus alegatos sean conocidos conjuntamente en una misma audiencia.
De esta forma, la aprobación ambiental del proyecto continuará siendo discutida ante la justicia ambiental, mientras las comunidades y la ONG mantienen sus acciones para cuestionar su legalidad y los posibles impactos de su ejecución en los territorios involucrados.
