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En ese mapa, la Región del Biobío emerge como un caso bisagra: históricamente clave, hoy tensionada entre pérdida de protagonismo y recuperación parcial.
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Un informe del Consejo de Políticas de Infraestructura expone que la inversión pública creció 47% real entre 2010 y 2024, pero perdió peso relativo frente al gasto corriente y profundizó la centralización.
Durante quince años, el Estado chileno destinó US$ 86.924 millones a infraestructura de uso público, equivalentes a 2,1% del PIB en 2024. Sin embargo, el esfuerzo inversor no solo fue superado por el crecimiento del gasto corriente, que avanzó 78% real en el mismo periodo, sino que además se concentró territorialmente en la zona central, relegando a regiones productivas y extremas.
La Región del Biobío, que acumuló US$ 7.666 millones y el 10,5% del total nacional, refleja con nitidez las tensiones de este modelo.
Entre 2010 y 2024, la inversión pública anual pasó de US$ 4.615 millones a US$ 6.824 millones en moneda constante de 2024, un aumento real cercano al 47%, según el reporte “Inversión Regionalizada Infraestructura Pública en Chile 2010-2024” del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI). El dato duro contrasta con el crecimiento de más de 78% del gasto total del Gobierno General, revelando que la formación de capital físico avanzó a un ritmo menor que el gasto operativo y las transferencias.
En 2024, la inversión en infraestructura representó 2,1% del PIB, una cifra relevante en términos históricos, pero insuficiente para cerrar brechas estructurales si se compara con economías emergentes de Asia, que superan holgadamente el 4%.
El informe, elaborado por Ignacio Corcuera y Luis Eduardo Escobar con datos ejecutados de la Contraloría General de la República, muestra además que el 88,4% de la inversión provino del Gobierno Central, mientras que el sistema de concesiones aportó solo el 11,6%.
La arquitectura institucional y el dominio del MOP
El Ministerio de Obras Públicas concentró el 40,6% de la inversión regionalizada, equivalente a US$ 35.317 millones en quince años, consolidándose como el principal ejecutor de infraestructura pública en Chile. En contraste, los Gobiernos Regionales gestionaron el 14,1% (US$ 12.214 millones), el Ministerio de Salud el 9,3% (US$ 8.041 millones) y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo el 8,6% (US$ 7.438 millones).
El peso del sistema de Concesiones, pese a su visibilidad en autopistas urbanas y aeropuertos, fue financieramente acotado y altamente concentrado: el 46,1% de toda la inversión concesionada se materializó en la Región Metropolitana, dejando a regiones como Aysén y Magallanes con apenas 0,1% y 0,3%, respectivamente. Este patrón, según el estudio, responde a la lógica de recuperación vía peajes y a la necesidad de alta densidad de usuarios.
Biobío: De bastión histórico a región en disputa
La Región del Biobío acumuló US$ 7.666,3 millones entre 2010 y 2024, equivalentes al 10,5% de la inversión nacional, manteniéndose como una de las tres regiones más relevantes en volumen absoluto. Sin embargo, su peso relativo cayó desde 13,3% en el periodo 2010-2013 a solo 7,5% en 2018-2021, antes de repuntar a 10,7% en el ciclo 2022-2024, una recuperación parcial que no alcanza a revertir la pérdida de protagonismo de la década.
Parte de esta erosión se explica por la creación de la Región de Ñuble en 2018, que fragmentó el territorio histórico del Biobío. El propio informe señala que, si ambas regiones se consideraran como una sola unidad administrativa, la “Gran Biobío” concentraría cerca del 14% de la inversión nacional, un nivel más acorde con su peso demográfico e industrial.
Infraestructura, población y la lógica que castiga al territorio productivo
El análisis econométrico del reporte muestra que la correlación más fuerte es entre inversión y población, no entre inversión y PIB regional. Este diseño, basado en la rentabilidad social evaluada por el Ministerio de Desarrollo Social, favorece a zonas densamente pobladas y penaliza a regiones extensas o productivas. En Biobío, con más de 1,6 millones de habitantes, esta lógica permitió sostener un flujo relevante de inversión, pero no blindó a la región frente a la recentralización observada en la última década.
El contraste es evidente con Antofagasta, que aporta el 10,7% del PIB nacional pero cayó desde 6,6% de la inversión en 2010-2013 a 4,6% en 2022-2024. Biobío, aunque menos extremo, comparte el riesgo de desconexión entre aporte productivo y retorno en capital físico, especialmente en infraestructura logística y de conectividad industrial.
Centralización creciente y el espejo de Santiago
La Región Metropolitana concentró US$ 14.010 millones, el 19,1% del total nacional, y aumentó su participación desde 17,5% en 2014-2017 a 21,1% en 2022-2024. Sin embargo, al medir inversión per cápita, Santiago recibe apenas $142.000 anuales por habitante, el nivel más bajo del país, frente a más de $1.200.000 en Aysén y cifras similares en Magallanes.
Esta paradoja ilustra el dilema central del modelo: la inversión sigue a la población y a la demanda efectiva, no a la superficie ni al aporte económico. Para Biobío, ubicada en el corazón del eje central ampliado, esto implica competir directamente con la capital por recursos, especialmente en transporte y obras mayores, donde proyectos como Metro y autopistas urbanas absorben miles de millones de dólares que no se replican a escala regional.
