En Impulsa 2026, organizado por CPC Biobío, autoridades y representantes empresariales coincidieron en que la región enfrenta un rezago que no se resuelve con políticas generales, sino con decisiones específicas para sus necesidades y potencial productivo.
El centralismo dejó de ser una referencia abstracta para convertirse en uno de los principales ejes del debate sobre el futuro del Biobío. Esa fue la señal que marcó la apertura de Impulsa 2026, encuentro que reunió en SurActivo al Presidente José Antonio Kast junto a cuatro de sus ministros, a autoridades regionales, gremios empresariales, representantes de la academia y organizaciones de la zona.
El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, puso el punto de partida en el principal evento empresarial de la región, al cuestionar que las oportunidades continúen concentrándose en Santiago. A su juicio, esa lógica termina generando un círculo en el que la inversión se concentra en la capital, las personas migran hacia donde están las oportunidades y luego esa concentración se utiliza para justificar nuevas inversiones en el mismo lugar, dijo la autoridad regional.
La discusión tomó como ejemplo los corredores de transporte público del Biobío, cuyo costo estimado es cercano a US$400 millones. Giacaman contrastó esa cifra con la inversión destinada a nuevas líneas de Metro en Santiago y sostuvo que los proyectos regionales se financian con apenas una fracción de esos recursos.
Más que plantear una competencia con la capital, el gobernador resumió el problema en una idea: “Chile ha normalizado que las regiones avancen después”. El desafío, dijo, no es que Santiago avance más lento, sino que Biobío deje de avanzar tarde.
Desde el sector privado, la posta la tomó el presidente de la Cámara de la Producción y Comercio, CPC Biobío, Álvaro Ananías, llevó la discusión hacia el modelo de desarrollo. El dirigente planteó la necesidad de avanzar hacia una descentralización productiva y puso en valor la capacidad portuaria de la región, destacando que sus terminales movilizan volúmenes comparables a los de San Antonio y Valparaíso.

En esa perspectiva, planteó consolidar al Biobío como plataforma logística hacia el Pacífico para grandes proyectos trasandinos, entre ellos los vinculados a Vaca Muerta en Argentina. Pero advirtió que la reactivación económica requiere algo más que instrumentos generales: “necesitamos políticas públicas más específicas”.
La seguridad apareció como otro de los factores condicionantes de las decisiones de inversión. Ananías cuestionó la compatibilidad entre entregar certezas a quienes buscan invertir y mantener durante años un estado de excepción en la macrozona sur.
Kast coincidió en el diagnóstico y calificó como “inaceptable” que una situación concebida como excepcional se haya extendido por cuatro años.
El Presidente no esquivó las controversias que actualmente cruzan el desarrollo regional: los corredores de transporte público, la infraestructura vial, la protección de los humedales y el proyecto de tierras raras de Aclara en Penco.
En materia ambiental, sostuvo que el debate entre protección y crecimiento económico es legítimo, pero que debe conducir a soluciones. En el caso de los humedales, planteó la necesidad de compatibilizar su protección con otros usos, mientras que respecto de la minería de tierras raras destacó la posibilidad de recuperar una actividad que históricamente formó parte de la identidad productiva de la región, como lo fue la minería del carbón.
También mencionó la Ley Lafkenche y la Ley de la Jibia, que han estado en el centro de las discusiones regionales sobre crecimiento y sustentabilidad.

El cierre estuvo marcado por una definición sobre los cuestionados corredores de transporte público, cuestión sobre la que Kast aseguró que las obras se mantendrán, aunque bajo una modalidad distinta y con énfasis en el uso de los recursos. “Nosotros no vamos a dejar de invertir, vamos a hacer las obras, pero de una manera distinta”, reafirmó.
Así, Impulsa 2026 dejó instalada una discusión que atravesó las distintas intervenciones: cómo transformar las demandas históricas del Biobío en decisiones concretas de inversión, infraestructura, seguridad y desarrollo productivo para sus habitantes.


