La preocupación por el desempleo y las trabas que enfrentan proyectos de inversión volvió a reunir al sector privado, autoridades y academia. El desafío ahora es que el trabajo de las mesas se traduzca en decisiones concretas y una gestión pública capaz de acelerar las tramitaciones.
La necesidad de reactivar la economía del Biobío no es un diagnóstico nuevo. Desde hace años, la región arrastra dificultades para materializar inversiones, particularmente por la extensión de los procesos de autorización y las trabas sectoriales que enfrentan distintos proyectos.
En este escenario, una nueva jornada de trabajo reunió a autoridades, académicos y representantes de más de 25 empresas socias de la CPC Biobío, convocados por el gremio y el Centro de Investigación de Empresa y Sociedad (CIES) de la Universidad del Desarrollo (UDD), con el objetivo de identificar los principales nudos que están retrasando inversiones y buscar mecanismos para agilizar los permisos.
La actividad se realizó además en un contexto laboral que volvió a encender las alertas en la región. Cristóbal Herrera, gerente general de CPC Biobío, planteó que el aumento del desempleo obliga a abordar con urgencia los factores que están frenando la actividad económica.
El ejecutivo señaló que la seguridad, la certeza jurídica y la inversión son parte de los ejes necesarios para generar empleo, y sostuvo que la instancia buscaba recoger directamente de las empresas dónde se encuentran las principales trabas y qué permisos permanecen detenidos.
La jornada se enmarca en la Mesa Regional de Inversiones, iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía. Pablo Eguiguren, jefe de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (Oasi), señaló que Biobío fue escogida para iniciar este trabajo con la aspiración de convertirla en una región modelo para el resto del país.
Según explicó, el objetivo es identificar los cuellos de botella que dificultan la inversión y avanzar en soluciones que permitan recuperar actividad económica y empleo.
Desde el ámbito académico, Cristián Larroulet Vigneau, profesor e investigador de CIES UDD, puso el foco en la contradicción que enfrenta la región: cuenta con oportunidades de desarrollo, pero mantiene una de las tasas de desempleo más elevadas del país. A su juicio, destrabar las limitaciones asociadas a la denominada “permisología” es parte de las condiciones necesarias para impulsar nuevamente la actividad.
Desde las empresas, el diagnóstico fue similar. Teodoro Schmidt, subgerente de relacionamiento con industrias de CMPC, señaló que la necesidad de agilizar los permisos constituye un problema que trasciende al Biobío y que requiere recuperar dinamismo económico desde las regiones.
Mientras que Catalina de la Cerda, gerente de desarrollo de barrios de Empresas Valmar, destacó, por su parte, la importancia de la coordinación entre empresas, gremios y organismos públicos para impulsar proyectos y aprovechar las oportunidades existentes en la región.
De los diagnósticos a las decisiones
El punto central, sin embargo, está en lo que ocurra después de esta nueva instancia de trabajo.
El propio sector privado ha identificado reiteradamente las dificultades que enfrenta para desarrollar proyectos y concretar inversiones. Por ello, el desafío ya no parece estar únicamente en levantar nuevos diagnósticos, sino en transformar los problemas identificados en medidas concretas, plazos y responsables que permitan remover efectivamente las trabas, sin descuidar las exigencias ambientales de todas las iniciativas.
La decisión de invertir corresponde a los privados, pero para que esas inversiones se materialicen también se requiere un Estado capaz de responder oportunamente. Cuando autorizaciones sectoriales se extienden o permanecen detenidas, el proceso de inversión pierde velocidad y con ello también se posterga la generación de actividad y empleo.
La reactivación del Biobío, por tanto, no depende solo de convocar a más actores a una mesa de trabajo. Requiere que el engranaje público funcione con mayor eficiencia, coordinación y capacidad de respuesta, de manera que los proyectos que cuentan con decisión de inversión puedan avanzar dentro de plazos razonables.
El compromiso anunciado por CPC Biobío, CIES UDD y las empresas participantes apunta a elaborar una hoja de ruta con medidas de corto plazo. El resultado de este proceso se medirá, finalmente, no por la cantidad de reuniones realizadas, sino por su capacidad para destrabar inversiones, acelerar proyectos y contribuir a recuperar el dinamismo económico y el empleo en la región.
